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El Derecho Administrativo Sancionador Y Su Relacion Con El Derecho Penal

Tal y como me pidieron y gustoso lo atiendo, aca esta el video donde ofreci mi alegato de ingreso en la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia titulado Versiones y perversiones de los criterios de imposicion de costas en lo contencioso-administrativo”. La aplicacion de este principio genera una serie de requisitos apegados a derecho que deben seguirse en todo procedimiento que tenga por fin la imposicion de algun genero de sancion, esto aplica en temas donde la Administracion use sus potestades de imperio para ejercer el derecho sancionador, en el cual se haga una imparticion justa en la toma de determinaciones. Asi, como su nombre lo indica, establece los motivos, condiciones y circunstancias en que un proceso debe empezar y llegar hasta la resolucion final, que de certidumbre. Debido Procedimiento: las autoridades administrativas deben aplicar las sanciones siempre respetando las garantias del debido proceso.



En la Comunidad de Madrid se aplicaran las previsiones contenidas en los articulos cuarenta y cuatro a cincuenta de la Ley 4/1984, de diez de febrero, sobre medidas de disciplina urbanistica, asi como la aqui normativa contenida en el Decreto 77/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora por lo organos de la Comunidad (B..C.M. num.



La opcion de distinguir por la consideracion de contrato armonizado no armonizado que establecio el articulo veintiuno. 2 de la Ley de Contratos del Sector Publico de 2007 se separaba, pues, de una interpretacion uniforme que residenciaba en el orden contencioso los contratos publicos de entes no Administracion Publica. Los procedimientos que pueden seguirse en este orden jurisdiccional se encuentran regulados en la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdiccion Contenciosa-Administrativa.

En cambio, las sanciones penales son mas graves por el hecho de que la funcion de la blog de derecho administrativo regla penal es protectora y motivadora, esto es busca la sumision de los ciudadanos al estado a traves de el respeto al ordenamiento juridico, lo que se consigue a traves de fines precautorio generales, esto es amedrentando al ciudadano con la pena privativa de libertad para que no cometa delitos y, al mismo tiempo, educandolo en el ejercicio de sus derechos en un estado social y democratico de derecho.

Por una parte, la labor de instruccion es una labor tecnico-juridica El instructor no solo estudia y determina los hechos, sino que, se puede decir, prepara la decision del organo sancionador desarrollando una funcion de autentico apoyo tecnico; es una tarea que, en consecuencia, debe efectuarla un tecnico. Este es el inconveniente esencial, el que singulariza al procedimiento sancionador frente al proceso penal, en el cual tal problema no se da por la propia naturaleza de la organizacion judicial.

Debe tenerse en cuenta que son diversas las regulaciones en materia de procedimiento sancionador , tanto estatales como autonomicas, de entre todas ellas se puede destacar el Real Decreto 1.398/1993, de cuatro de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. Asi se asevera la supremacia del organo legislativo, donde radica la representacion de la nacion, sobre los otros poderes (particularmente, por lo que nos interesa ahora, sobre el Ejecutivo).