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Siempre es un verdadero placer que nos inviten desde la Universidad de Murcia a explicar a qué nos dedicamos, en qué creemos y cómo se puede llegar a ser un psicólogo un jurista en el medio penitenciario. No se pueden sustituir funcionarios públicos con una formación especializada para las labores que desarrollan, como es el caso de los funcionarios de prisiones y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que custodian las prisiones, por vigilantes de seguridad privada que carecen de esa formación específica”, ha significado el parlamentario abulense.

Desde el Ministerio explican que los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil siguen prestando las mismas funciones que venían realizando hasta ahora; por tanto, no se han desviado agentes de la Guardia Civil fuera de las cárceles para vigilar las calles.

Pero el Gobierno reconoce ahora por primera vez que la medida se extenderá a las 68 prisiones que dependen de la Administración del Estado -los centros catalanes son competencia de la Generalitat- y que, además, ese modelo tiene vocación de permanencia.

Lo que sí asegura en otra respuesta parlamentaria es que los informes internos que ha realizado Instituciones Penitenciarias para evaluar el resultado del programa piloto han concluido que los servicios prestados” por las empresas de seguridad privada han cumplido en su totalidad con las condiciones establecidas en el contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas”.

Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley de Seguridad Privada que ha sacado adelante el Gobierno permite incluso al sector privado ofrecer sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la vigilancia exterior.

En un comunicado, los tres sindicatos llaman a los funcionarios de prisiones a concentrarse mañana al mediodía en la puerta del centro penitenciario de Madrid VI (Aranjuez) con el objetivo de exigir a Instituciones Penitenciarias la "paralización inmediata" del proceso de privatización de la seguridad perimetral de las cárceles.

La argumentación de Interior es que con la actual limitación de contratación pública provocada por la crisis (se han perdido casi 3.000 policías nacionales en solo dos años y hay 2.570 guardias civiles menos), gran parte de los agentes de las prisiones se podrán destinar a otras funciones.

El Gobierno apostará por este modelo de seguridad privada en todas las prisiones para optimizar los recursos, destinar el mayor número posible de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a «funciones exclusivas de ellos», como traslado de internos custodia de presos en hospitales sedes judiciales.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) denunció ayer el gasto de 33 millones de euros en contratar vigilantes de seguridad para las cárceles del país y aseguró que si ese dinero se destinara a paliar la falta de funcionarios en las prisiones se podrían haber ofertado más de mil plazas, según señalan en un comunicado difundido ayer por el delegado de APFP en la prisión alicantina de Fontcalent.

Ya saben, si el río suena... Hace apenas dos semanas, El Norte de Castilla anticipaba que la llegada de la vigilancia privada al centro penitenciario de Segovia era algo «inminente», como coincidían en vaticinar la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).