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El Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias es un Cuerpo de funcionarios que pertenece a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias la cual pertenece al Ministerio de Interior de España. Y es que, por mucho que los dirigentes del PP de Ávila se empeñen en sostener lo contrario”, según el diputado socialista, la referida Ley posibilita, como ya ocurre en varias cárceles de Castilla y León, que servicios de seguridad privada sustituyan a la Policía y a la Guardia Civil en la prestación de los servicios de seguridad perimetral en las prisiones, así como a los funcionarios de instituciones penitenciarias en la seguridad interior.

Desde el Ministerio explican que los funcionarios de prisiones y la Guardia Civil siguen prestando las mismas funciones que venían realizando hasta ahora; por tanto, no se han desviado agentes de la Guardia Civil fuera de las cárceles para vigilar las calles.

Hasta ahora, el departamento de Jorge Fernández Díaz sólo había implantado este modelo en 21 de los 68 centros administrados por Instituciones Penitenciarias en el marco de un programa piloto iniciado en mayo de 2013.

Lo que sí asegura en otra respuesta parlamentaria es que los informes internos que ha realizado Instituciones Penitenciarias para evaluar el resultado del programa piloto han concluido que los servicios prestados” por las empresas de seguridad privada han cumplido en su totalidad con las condiciones establecidas en el contrato y Pliego de Prescripciones Técnicas”.

Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran que la nueva Ley de Seguridad Privada que ha sacado adelante el Gobierno permite incluso al sector privado ofrecer sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la vigilancia exterior.

En un comunicado, los tres sindicatos llaman a los funcionarios de prisiones a concentrarse mañana al mediodía en la puerta del centro penitenciario de Madrid VI (Aranjuez) con el objetivo de exigir a Instituciones Penitenciarias la "paralización inmediata" del proceso de privatización de la seguridad perimetral de las cárceles.

La argumentación de Interior es que con la actual limitación de contratación pública provocada por la crisis (se han perdido casi 3.000 policías nacionales en solo dos años y hay 2.570 guardias civiles menos), gran parte de los agentes de las prisiones se podrán destinar a otras funciones.

La plataforma se opone a la Ley de Seguridad Privada, que incluye la privatización de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios que hasta ahora venía realizando la Guardia Civil y la Policía Nacional y que pretende externalizar la Secretaría de Estado de Seguridad, según ha indicado a Efe el secretario general de Instituciones Penitenciarias de , Ángel Moreno.

La segunda fase del plan de incorporación de la seguridad privada a las prisiones supondrá la creación de 202 puestos de trabajo -181 de 24 horas y 22 de 12 horas- con un presupuesto total de 33.387.743 euros, aprobado en un Consejo de Ministros del pasado mes de abril.

Ya saben, si el río suena... Hace apenas dos semanas, El Norte de Castilla anticipaba que la llegada de la vigilancia privada al centro penitenciario de Segovia era algo «inminente», como coincidían en vaticinar la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP).