Reclamación De Responsabilidad Patrimonial Por El Funcionamiento De La Administración De Justicia

Van a ser indemnizables los daños que se deriven de hechos circunstancias que no se hubieran podido prever eludir según el estado de los conocimientos de la ciencia de las técnicas existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales económicas que las leyes puedan establecer para estos casos. En el procedimiento de apremio civil sobre un inmueble, los hechos acaecen provisionalmente por el próximo orden: Primero, se remata el bien en la subasta; entonces, se aprueba el remate; una vez consignado el precio en su totalidad, el Secretario dicta el decreto de adjudicación; ahora, el Secretario expide el testimonio del art. La cesión se verificará mediante comparecencia ante el Secretario judicial responsable de la ejecución, con asistencia del cesionario, quien va a deber admitirla, y todo ello previa simultáneamente al pago del coste del remate, que deberá hacerse constar documentalmente.

Frente a las contrariedades financieras para incrementar los medios a disposición de la Administración de Justicia, esta ley procura abordar el inconveniente del desbordamiento de los órganos jurisdiccionales por la enormemente controvertible vía de poner obstáculos de carácter económico al ejercicio del derecho constitucional a la tutela judicial eficaz.

Para determinar la existencia de una causa conveniente, la jurisprudencia se fija en si era de esperar la concurrencia del daño en el curso normal de los acontecimientos: a fin de que exista una causa adecuada hace falta que el acontecimiento lesivo sea la consecuencia natural de un acto de un hecho imputable a la Administración. Debe existir un vínculo causal entre la acción o bien omisión de la administración pública y la lesión/daño.

Si bien, en la primera parte, tiene razón al decir que es un procedimiento para que un tercero pueda aducir su derecho de propiedad, ello no significa que no sea accesoria al juicio en el cual sobreviene”. No semeja recomendable emplear aquel término a secas, por cuanto la estructura del Ordenamiento Procesal vigente en nuestro medio, ha limitado tal término a un procedimiento incidental, lo que ha dado paso a imprecisiones en todo ámbito. Este desconocimiento de doctrina extranjera se ve reflejado tristemente en la actividad judicial como luego lo veremos. La legislación española los regula mas tampoco los define; igual cosa ocurre con el Código de Enjuiciamiento http://www.yelp.es/biz/edefensa-abogados-madrid Civil del Perú.

He comprado un piso en construccion (tengo contrato privado, recibos de las entregas, recibos de luz y comunidad), el constructor fue demorando la escrituta pero al fin al ir a escriturarlo me dicen que no puedo pues hay una anotacion precautoria de embargo sobre las propiedades de la constructora; y posiblemente sobre ese piso ya que el registro no deja escriturar.

Lo expuesto en la citada ejecutoria carece de fundamento válido, puesto que cuando el superior procede a repasar -vía apelación- si la demanda reúne no los requisitos de procedibilidad lo hace no solo cuando el a-quo la rechaza in limine sino más bien también cuando la acepta a trámite; en ningún caso se vulnera derecho constitucional alguno -como el de tutela judicial eficaz-, pues como todo derecho fundamental éste no es absoluto, ni obliga al juez a su admisión solo por el hecho de su presentación.

Por tal razón, además del acceso a la jurisdicción, el derecho a la tutela judicial eficaz asimismo tiene por contenido la imparcialidad del juez, la celeridad procesal, la proscripción de la indefensión y el cumplimiento http://dictionary.reference.com/browse/legal de los fallos judiciales; requisitos sin los cuales no habría la deseada eficiencia en la administración de justicia. Siguiendo el criterio de la doctrina ecuatoriana y equiparada, se lo describe como un derecho constitucional, mas también como un deber judicial.

La interdicción constitucional de la indefensión se proyecta sobre todo el proceso y especialmente sobre su fase central: la de la defensa, por las partes, de sus respectivas posiciones por medio de los medios que considere convenientes a su derecho. Somos 25 entidades, no lucrativo -distribuidas a nivel nacional- especializadas en el ejercicio de la tutela desde hace más de 25 años.