PARA QUE NO PRESCRIBA LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEBE SER REQUERIDA LA ADMINISTRACIÓN ANTES

En el libro se abordan las reclamaciones judiciales que tienen su base en daños sufridos con motivo de la prestación de un servicio médico , en sentido más amplio, sanitario, estudiándose por separado los casos en que se demanda a una Administración eficiente en materia de asistencia sanitaria pública, que en España es gratis en el momento del uso y universal, y aquellos supuestos en que se dilucida la responsabilidad civil, generalmente fundamentada en reglas de responsabilidad extracontractual, del médico, consecuente con la obligación derivada del ejercicio de su profesión, y de los centros médicos que se puedan encontrar, en su caso, fuera del Sistema Nacional de Salud, analizándose también la responsabilidad penal. Una vez comenzado el procedimiento a instancia de parte, la Administración va a tener seis meses para enseñar y resolver de manera expresa la reclamación presentada, en su caso, asistir a la institución del silencio negativo para que el reclamante comprenda exactamente la misma desechada, quedando abierta la vía judicial para la interposición del correspondiente recurso contencioso-administrativo.

El creador del daño, es la Administración pública a quién le corresponde contestar por los daños ocasionados por los agentes públicos que de ella forman parte, sea como sea la naturaleza de la relación http://abogadoshacienda.com/precios-a-porcentaje-de-exito/defensa-tributaria.html jurídica que una a estos últimos con aquella. El daño debe haber causado un impacto negativo en los recursos derechos del particular, esto es, si no existen daños no puede existir reparación. El daño se origina por el funcionamiento de un servicio http://en.wikipedia.org/wiki/Law público gestionado por la administración.

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas y la de sus autoridades y demás personal a su servicio se va a hacer efectiva de acuerdo con las previsiones de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y con los procedimientos establecidos en este Reglamento. Las disposiciones de este Reglamento son de aplicación a los procedimientos que comiencen, instruyan y resuelvan todas las Administraciones públicas en materia de responsabilidad patrimonial por su actuación en relaciones de derecho público de derecho privado.

Pero la necesidad de alterar el régimen de los recursos administrativos no debería hacer olvidar la relevancia de una reforma igualmente profunda de la tutela cautelar en el proceso contencioso-administrativo, pues, como ya se ha dicho en este trabajo, sin un buen funcionamiento de esta última, la autotutela administrativa generalizada que existe en el Ordenamiento jurídico de España a menudo termina anulando en la práctica el derecho a la tutela judicial efectiva.

El criterio de concentrar cualquier vicio que haya podido producirse en un procedimiento administrativo en el acto final de tal procedimiento, de ninguna forma menoscaba el control judicial de la actuación administrativa, sino que, al contrario, se le dota de racionalidad y eficiencia. Esta sentencia estudia la responsabilidad de la Administración por una caída a raíz del mal estado de unas baldosas puesto que una de ellas se hallaba suelta.

El derecho a acceder a los recursos legales se incorpora al derecho esencial en la específica configuración que reciba de cada entre las Leyes de enjuiciamiento que regulan los diferentes órdenes jurisdiccionales, salvo en lo relativo al derecho del condenado a la revisión de su condena y la pena impuesta. Por tanto, el derecho al recurso legal no nace directamente de la Constitución, sino de lo que hayan dispuesto las Leyes procesales que los crean, y se incorpora al derecho esencial en su configuración legal. De ocurrir tal cosa se estaría afectando al contenido esencial del derecho esencial. El derecho a la tutela judicial eficaz no se limita exclusivamente a los ciudadanos españoles.

Por último la notificación realizada por el estado diario se halla tratada en los artículos cincuenta, 51 y 53 del Código de Procedimiento Civil y consiste en incluir el número de orden que corresponda en el rol general, los apellidos del demandante y demandado del juicio del primero de ellos si figuran varios en este carácter y el número de resoluciones dictadas en ese día, las que se tratan de notificar por un estado que estará encabezado con la fecha del día en que se forme.