Delito De Contrabando, Tutela Judicial Eficaz, Debido Proceso, Nulidad De Actos, Jurisprudencia Y Doctrina

La tutela judicial eficaz es un derecho fundamental consagrado al más alto nivel normativo en el art. El fallo que resuelve una tercería es una sentencia terminante, por cuanto pone término al litigio, sin que baste para desnaturalizar aquello la circunstancia de que las tercerías incidan en el juicio ejecutivo, por lo que una vez publicado dicho fallo, no puede ser modificado por el juez que lo dictó. El artículo ciento once del C..T. sólo charla de prórroga de jurisdicción en las cuestiones que se susciten por vía de reconvención de compensación (para el caso de la cuantía), mas nada dice de las tercerías.

El problema, en esas situaciones, aparece cuando la ley ignora la medida de protección ordenada por la Constitución. En frente de la falta de acción del legislador, cabe al juez, también encargado de cumplir el deber de protección, asegurar el grado adecuado de tutela del derecho fundamental. No obstante, la acción del juez, en la suplencia de una omisión legislativa, no puede tener la misma amplitud de la del legislador -aquélla es más limitada que ésta.

La Administración de Justicia, al menos la española, adolece de un sinnúmero de temas amontonados sin solucionar, lo que provoca un atasco judicial, que se traduce en un considerable retraso en la obtención de las resoluciones por los interesados, sin que distintas reformas legislativas operadas hayan conseguido mitigar los efectos de esta continua situación.

Artículo ciento sesenta y tres.—Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una regla con rango de ley, aplicable al caso, de cuya valía dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión frente al Tribunal Constitucional en los presuntos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.

En estos casos en los que los Jueces deciden dejar de someterse al comienzo de legalidad y se convierten en jardineros de su jardín” les planteamos que propongan la pertinente cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por el hecho de que, de no hacerlo, la inaplicación de la ley implica una transgresión del derecho fundamental a la obtención de la tutela judicial efectiva.

El problema de fondo en esta materia es que ejercer una tercería de dominio posesión es un procedimiento judicial que requiere patrocinio de letrado, por lo que muchas personas perjudicadas por un embargo de bienes por deudas ajenas deciden, sencillamente, aguantar este perjuicio en su patrimonio debido a que no pueden no quieren contratar http://www.ringcentral.com/legal.html a un abogado para solucionar este problema.

El segundo de los requisitos se forma en torno a la causa de imputación, exactamente la misma debe tener como base http://www.espainfo.es/edefensa-abogados-F110EC1061ED94D que el daño lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal.