A Propósito De La Tutela Judicial Efectiva O Debido Procesal Legal

Debe interpretarse en el sentido de que, en circunstancias como las del asunto principal, no se opone a una normativa nacional conforme a la cual el importador no tiene la posibilidad de interponer recurso jurisdiccional contra una medida de incautación de las mercancías vendidas a un minorista, adoptada por la Administración Pública contra éste, pues tal importador dispone de una vía de recurso que deja asegurar el respeto de los derechos que le confiere el ordenamiento jurídico comunitario. En consecuencia, el derecho a la acción tiene un carácter de permanencia -y por ende subjetivo y autónomo-, en cuanto no se ejerce” hasta que su titular requiera proteger judicialmente un derecho que considera le ha sido vulnerado, lo cual, desde entonces, no quiere decir que se supedite a la existencia del derecho material. La concepción abstracta del derecho se complementa, puesto que, con https://ucm.academia.edu/DerechosYDeberes/Posts la de intención procesal, y el deber prestacional del Estado se manifiesta en su plenitud cuando el proceso concluye con una resolución, que para ser tal debe cumplir con ciertas características. Aun de esta forma, el derecho tiene 2 peculiaridades que pueden considerarse centrales.

La cuestión radica en si los perjuicios causados por semejantes medidas deben ser indemnizados , en términos más concretos, si los particulares afectados tienen el deber jurídico de aguantarlos por tratarse de una restricción general impuesta por la ley y proporcionada por fin que se persigue , si por el contrario, se trata de una restricción singular que implica un sacrificio desmedido para los afectados.

La leyes de Derecho privado realizan en ocasiones esta definición cuando establecen (por servirnos de un https://www.activision.com/legal ejemplo, la legitimación para el ejercicio de acciones de nulidad), pero hay que llegar a la conclusión de que en el campo del Derecho privado la legitimación pertenece al titular del derecho al que se halle respecto del derecho en una situación definida por la ley.

Disposición transitoria cuarta.—1. En el caso de Navarra, y a efectos de su integración al Consejo General Vasco al régimen autonómico vasco que le sustituya, en vez de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral eficiente, el cual adoptará su decisión por mayoría de los miembros que lo componen.

Dicha reclamación tenía por objeto la intención indemnizatoria por lesiones y daños derivados del accidente sufrido el día catorce de julio de 2004, cuando circulaban con las motos matrícula.... FYT y.... MLP, respectivamente, a la altura del punto kilométrico ciento setenta y cinco de la N-trescientos treinta y dos, debido a la existencia de una mancha de aceite en la calzada. A) La eficaz realidad del daño perjuicio, evaluable a nivel económico y también individualizado con relación a una persona grupo de personas.

La legitimación activa del procedimiento la ostenta el auténtico propietario del vehículo, correspondiendo la legitimación pasiva al acreedor ejecutante, previendo la Ley además un litisconsorcio voluntario con respecto a la legitimación pasiva, al apuntar que la demanda asimismo va a deber dirigirse frente al ejecutado, cuando el bien al que se refiere haya sido designado por él y no se haya facilitado por la averiguación patrimonial entregada por el Juzgado.

En el marco de la tercería, la previa transmisión presentaría 2 aspectos desde el punto de vista probatorio: Primero, la autenticidad del documento y el carácter fehaciente de su fecha: nos hallamos con que hay una incesante Jurisprudencia en el sentido de que la regla del art. A nuestro juicio, no: la posesión por el supuesto adquirente puede obedecer a causas diferentes a una tradición. Esto es lo que explica, que en ocasiones la Jurisprudencia sobre la tercería centre la mirada en el documento y no en la posesión.

SEXTO.- Tratamos de los motivos segundo y cuarto del recurso de casación de forma conjunta, puesto que los dos se refieren a la concurrencia en este caso de los requisitos para el reconocimiento de la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública. Es por consiguiente, necesario para declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública que se pruebe la efectiva concurrencia de estos cuatro requisitos.

El pacto de reserva de dominio, de entrada, vincula simplemente a las partes contratantes, y para que tenga eficacia erga omnes” y sea oponible a terceros en cuanto a posibles embargos tercerías de dominio, es precisa la pertinente inscripción registral del pacto en el Registro de Recursos Muebles, dependiente del Ministerio de Justicia, en el registro pertinente.