Tercerías

El juez no puede actuar de oficio, sino más bien a instancia y por iniciativa de las partes procesales. Por otro lado, la acción también es una garantía para la participación del ciudadano en la reivindicación de la tutela de los derechos difusos y colectivos y en la gestión de la cosa pública. La acción, desde esta perspectiva, está ligada a lai dea de democracia participativa, siendo indispensable para el acreciento de la participación directa del pueblo en el poder y para la realización de derechos indispensables para la justa organización de la sociedad. La intención de corrección del derecho Bogotá:Universidad Externado de Colombia, 2001.ANDOLINA, Italo, Il modello costituzionale del processo civile italiano, Torino:Giappichelli, mil novecientos noventa.

Artículo ciento cincuenta y ocho.—1. En los Presupuestos Generales del Estado va a poder establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas dependiendo del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. Artículo 159.—1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, 4 a propuesta del Congreso por mayoría de 3 quintos de sus miembros; 4 a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; 2 a propuesta del Gobierno, y 2 a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

No obstante, la segunda fase del razonamiento, en las dos situaciones, por partir de la premisa de que la tutela del derecho (adelantada final) ha de ser concedida, estará preocupada apenas con localizar la debida técnica ejecutiva. Es evidente que la omisión de http://www.empresas1.com/index.php?seccion=ficha&id=220711 la ley procesal en instaurar una técnica adecuada no elimina el deber del juez de prestar, al actor que tiene razón en el caso específico, la tutela que le fue prometida por el derecho sustancial.

El tercerista de dominio de posesión puede intervenir en ciertos actos que son una parte del proceso de ejecución, ello basándonos en lo preparado en los artículos 514 y quinientos veintinueve del C.P.C.; pero, solo son algunos actos y como darle alguna protección frente a actuaciones que pueden perjudicar su derecho. El criterio de este fallo demuestra que la tercería de posesión siempre y en toda circunstancia sería un incidente de previo y singular pronunciamiento, suspendiendo el procedimiento de apremio.

En otras palabras, solo va a ser posible levantar - cancelar- el gravamen hipotecario si se invalida se priva los efectos del acto jurídico que contiene el título registral que dio origen al convocado gravamen, lo que será viable en un proceso judicial distinto de la tercería de propiedad. La acción declarativa de dominio tiene por objetivo la declaración judicial de que el demandante es propietario del inmueble, acallando a la parte contraria, que discute, abroga se atribuye ese derecho.

De este modo la adecuada instrumentalización del derecho a la tutela judicial efectiva requiere algunos cambios, no únicamente a nivel del sistema de administración de justicia sino también en la conceptualización misma del proceso como medio para proteger apropiadamente los derechos de las personas. Se acude, de esta forma, a un fenómeno de ensanchamiento de la tutela judicial eficaz, que requiere de una intervención más intensa del accionar estatal que la requerida para otros derechos, como la concienciación del juez, quien debe contemplarse como el primer llamado a hacer del derecho una realidad. Como todo derecho fundamental, a la tutela judicial eficaz se le puede distinguir http://definitions.uslegal.com/ por su contenido esencial.